Por Pablo Arranz 
MADRID, 26 Abr. – Este martes, 28 de abril, se cumple un año del histórico cero eléctrico que dejó a millones de habitantes en España y Portugal a oscuras durante horas. Doce meses después, a pesar de tener varios informes sobre la mesa y de que una Comisión parlamentaria ya ha concluido y otra está en marcha, aún no se ha señalado a un culpable concreto del incidente.
Ni el Gobierno, ni el panel de expertos europeos de Entso-E, ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han sido capaces en sus diversos informes de identificar a un responsable claro del cero eléctrico.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó su informe en menos de dos meses desde el incidente, pero concluyó que el apagón fue resultado de un problema «multifactorial» que involucró episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones de centrales. Además, propuso una serie de medidas para mejorar la supervisión del sistema y evitar futuros episodios similares.
El informe final de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), publicado en marzo de este año, llegó a conclusiones similares, considerando el apagón como un «evento sin precedentes» y el más significativo en las últimas dos décadas. No obstante, también determinó que no hubo una única causa, sino una combinación de varios factores. Entre ellos, mencionó las oscilaciones en el sistema, la dificultad para mantener la tensión estable y las rápidas desconexiones de generación en España.
Esta investigación generó recomendaciones para fortalecer las prácticas operativas, mejorar el monitoreo del comportamiento del sistema, y una mayor coordinación y intercambio de datos entre los actores del sistema eléctrico. Además, subrayó la necesidad de que los marcos regulatorios se adapten a los cambios del sistema eléctrico, en un claro tirón de orejas a todos los implicados.
Por su parte, el informe de la CNMC, divulgado casi once meses después del evento, se limitó a su naturaleza consultiva y tampoco identificó a responsables concretos. Sin embargo, se constató que el 28 de abril de 2025 se contaba con «herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro» que podrían haber evitado el apagón.
EXPEDIENTES SANCIONADORES
Antes de cumplirse un año del ‘blackout’, el regulador incoó unos 55 expedientes sancionadores por indicios de infracción, lo que podría llevar más de un año para determinar si se consolidan en multas definitivas. Entre los señalados se encuentra la Red Eléctrica de España (REE), junto a varias compañías eléctricas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Bahía de Bizkaia, TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja, a quienes se acusó de carácter grave en todos los casos.
Sin embargo, estas acciones no han hecho más que repartir las culpas, proporcionando poca claridad y más ammunition para una controversia que probablemente se resolverá en los tribunales.
Tampoco se ha obtenido mucha claridad de la Comisión de Investigación del Senado, de perfil político, que ha escuchado a diferentes actores del sector en los últimos meses. Esta Comisión concluyó, con una mayoría del PP en la Cámara Alta, culpando al Gobierno, a REE y a la CNMC por su «inacción regulatoria y supervisora».
Esta semana también comenzó la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, donde se han presentado los más altos directivos de las empresas energéticas, confirmando el intercambio de acusaciones en torno al apagón, aunque aún sin arrojar mucha luz sobre el incidente.
En juego está quién deberá asumir la millonaria factura por los daños del apagón, ya que las demandas judiciales que se avecinan tendrán un largo recorrido en los tribunales, yse espera que sean estos el escenario definitivo donde se determine la responsabilidad del episodio.
MODO REFORZADO
El apagón ha provocado un ‘modo reforzado’ en la operación del sistema eléctrico desde aquel día, resultando en un fuerte incremento en el coste de los servicios de ajuste, lo que, lógicamente, se refleja en la factura de la luz, especialmente para los clientes del mercado regulado conocido como PVPC.
A pesar de que la creciente presencia de energías renovables ha reducido el precio de la electricidad en el mercado mayorista, la variabilidad de estas fuentes obliga a ajustar constantemente la producción para mantener el equilibrio entre oferta y demanda. Esto ha llevado a que el sistema necessite cada vez más recursos de respaldo, como los ciclos combinados de gas natural.
Todo esto tiene un coste. En marzo, el precio de estos servicios de ajuste alcanzó un nuevo máximo de 27,6 euros/MWh, casi un 74 % más que hace un año y más del doble que en el mismo mes de 2024, según datos de Selectra.