El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este martes los elementos clave de la nueva directiva sobre salarios mínimos, dejando en una situación de incertidumbre el esquema diseñado por la normativa para la fijación de salarios mínimos legales adecuados. Esta decisión ha surgido a raíz del recurso presentado por Dinamarca, apoyado por Suecia, que argumentaba que la directiva representaba una injerencia en competencias nacionales exclusivas.
Detalles de la Sentencia
La resolución del alto tribunal europeo implica la anulación de las disposiciones que obligaban a los países a seguir criterios específicos al fijar y actualizar sus salarios mínimos, así como aquellas que impedían que los salarios mínimos disminuyeran cuando se encontraban sujetos a una indexación automática.
A pesar de que la sentencia respalda la validez de la mayor parte de la directiva, se reconoce que ciertas secciones, específicamente los puntos 2 y 3 del artículo 5, transgreden las competencias nacionales. Esto, en la práctica, significa que se desmantela el marco establecido para la fijación de salarios mínimos adecuados.
Aunque la directiva no ofrecía cifras o umbrales específicos en sus criterios ahora anulados, sí establecía que los Estados miembros deberían considerar, al menos, el poder adquisitivo de los salarios, el costo de la vida y otros factores económicos relevantes al fijar el salario mínimo.
Implicaciones para los Estados Miembros
El TJUE argumenta que la armonización de estos criterios equivale a una intromisión directa en la determinación de las remuneraciones por parte de cada país. Actualmente, de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea, veintidós cuentan con un salario mínimo nacional, mientras que solo Dinamarca, Suecia, Italia, Austria y Finlandia no aplican un marco de este tipo.
Las cifras apuntan a una notable disparidad en los salarios mínimos mensuales, que varían desde los 551 euros en Bulgaria hasta los 2.704 euros en Luxemburgo. En el caso de España, el salario mínimo en doce pagas se sitúa en 1.381 euros, ubicando al país en la mitad de la tabla europea.
Reacciones a la Decisión
Tras conocerse el fallo del TJUE, el director general de Business Europe, Markus J. Beyrer, ha instado a los legisladores europeos a evitar sobrepasar sus competencias, ya que la resolución del tribunal aclara los límites de la directiva y sugiere que se ha excedido en las competencias nacionales. Beyrer subraya que esta anulación parcial debería llevar a una mejor comprensión de los límites del Tratado de la UE.
Por otro lado, el sindicato europeo ETUC considera que, a pesar de la anulación de los criterios obligatorios, el fallo apoya la «validez» de la directiva al mantener que la fijación y actualización de los salarios mínimos seguirá pautas para garantizar un nivel de vida digno y reducir la pobreza laboral, así como fomentar la cohesión social.
De este modo, el TJUE reafirma la importancia de promover la negociación colectiva, incluyendo la exigencia de que los Estados miembros presenten planes de acción para incrementar su cobertura.

