Por Pablo Arranz 
MADRID, 17 Mar. – Los acreedores internacionales afectados por recortes retroactivos en las primas de las energías renovables han comenzado a tomar medidas legales para embargar bienes del Reino de España en Estados Unidos. Estos recortes fueron aprobados anteriormente por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Según fuentes jurídicas, tras varias resoluciones favorables en distintas jurisdicciones, la ofensiva legal ha progresado a una nueva fase. Este avance se apoya en recientes victorias en los Tribunales Supremos de Singapur y del Reino Unido, y también en Estados Unidos, donde se han registrado hasta siete laudos que ahora son reconocidos como sentencias plenamente ejecutables. Esto facilita mecanismos procesales para identificar, localizar y potencialmente embargar activos del Estado español.
En total, se han dado siete casos en los que las empresas demandantes han recibido resoluciones favorables: 9REN (44 millones de euros), Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones de euros), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones de euros), RREEF (74 millones de euros), InfraRed (35 millones de euros) y NextEra (290,6 millones de euros), lo que suma una deuda total de 688,4 millones de euros, cantidad que aumenta con los intereses de demora.
Estos litigios fueron resueltos por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, y los acreedores se encuentran en condiciones de solicitar autorización judicial para registrar los laudos en otros distritos federales, incluyendo el Distrito Sur de Nueva York, donde se presume que podrían existir activos susceptibles de embargo. El objetivo es facilitar medidas de ejecución para compensar a las compañías que siguen sufriendo pérdidas debido al incumplimiento de España con sus obligaciones.
En esta nueva fase se han iniciado procedimientos de descubrimiento de activos (‘discovery orders’) y se han emitido requerimientos judiciales (‘subpoenas’) a varias entidades privadas que prestan servicios al Reino de España, así como a organismos públicos relacionados con el Estado. Estas actuaciones buscan identificar relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas bancarias y otros activos bajo jurisdicción estadounidense que puedan ser embargados.
Estos requerimientos se dirigen a instituciones financieras, empresas participadas por el Estado español, organismos públicos con presencia en Estados Unidos o incluso sociedades relacionadas con la participación del país en el Mundial de Fútbol de 2026. La finalidad es determinar si hay bienes o derechos del Estado español en Estados Unidos que puedan ejecutarse, lo cual es común en procedimientos internacionales cuando un deudor ignora un laudo arbitral ya reconocido por tribunales competentes.
AVANCES EN OTROS PAÍSES
Las acciones de ejecución por parte de los acreedores internacionales también avanzan en otros países de Europa y de la región Asia-Pacífico, como Bélgica y Singapur.
En Bélgica, los tribunales han autorizado varios procedimientos de embargo relacionados con el impago del laudo en el caso OperaFund, lo que ha bloqueado 482 millones de euros en flujos de pago que el organismo europeo de navegación aérea, Eurocontrol, debía transferir a Enaire, su homólogo español.
Por su parte, el Tribunal Supremo del Reino Unido emitió una sentencia que rechaza los últimos argumentos de España en el caso Infrastructure Services, donde se debe una indemnización pendiente de 101 millones de euros, además de casi 27 millones en intereses de demora.
En Asia, el Tribunal Superior de Singapur registró en febrero el laudo correspondiente al caso NextEra, reconociendo formalmente una deuda de 290 millones de euros de España con la compañía estadounidense.
Además, en agosto de 2025, el Tribunal Federal de Australia ordenó la ejecución de cuatro laudos —RREEF, 9REN, Watkins y NextEra— por un valor acumulado de 469 millones de euros.
A mediados de marzo de 2026, la deuda acumulada del Reino de España con sus acreedores supera ya los 2.302 millones de euros, de los cuales 1.754,7 millones de euros corresponden a indemnizaciones pendientes de pago y 538,3 millones de euros son sobrecostes judiciales y financieros relacionados con los procedimientos de ejecución.
FUENTE